En Colombia, el Consejo de Estado ha reafirmado que, aunque las medidas cautelares en procesos de extinción de dominio se decreten conforme a la ley, el Estado puede ser patrimonialmente responsable si estas generan un daño antijurídico. Así lo determinó en un reciente fallo de abril de 2025, donde se condenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección Nacional de Estupefacientes (hoy SAE) por los perjuicios causados a una empresa cuyas propiedades fueron incautadas y mal administradas durante dicho proceso.
¿Qué ocurrió en este caso?
Una sociedad fue afectada por medidas cautelares impuestas por la Fiscalía en un proceso de extinción de dominio que concluyó con decisión inhibitoria. Es decir, el proceso no avanzó porque no había pruebas suficientes. Sin embargo, los bienes de la empresa estuvieron años bajo custodia oficial, administrados de manera negligente, lo que causó severos perjuicios económicos: disminución en ventas, imposibilidad de acceder a créditos y liquidación de activos.
La Sala señaló que, aunque las decisiones se tomaron dentro del marco legal de la Ley 793 de 2002, se presentó un daño especial: una carga excesiva para el ciudadano sin fundamento probatorio suficiente. Esto rompió el equilibrio entre el poder estatal y los derechos de los particulares.
¿Qué fundamentos usó el Consejo de Estado?
El alto tribunal resaltó que el cumplimiento de funciones legales no exime al Estado de responsabilidad si se produce un daño antijurídico. Además, reiteró que la Dirección Nacional de Estupefacientes tenía el deber reforzado de custodia y conservación de los bienes incautados, conforme a la Ley 785 de 2002. Su incumplimiento se consideró una falla del servicio.
Condenas y consecuencias
El Consejo de Estado distribuyó la responsabilidad patrimonial así:
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80% a la Fiscalía General de la Nación, por imponer medidas sin base sólida.
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20% a la SAE, por la mala administración de los bienes incautados.
Se ordenó además una condena en abstracto por lucro cesante, sujeta a liquidación posterior, y se reafirmó el criterio de la Corte Constitucional que impone al Estado la obligación de reparar daños desproporcionados causados incluso dentro del marco legal.
Este fallo es un precedente relevante en Colombia para víctimas de procesos de extinción de dominio que, aun sin haber sido condenadas penalmente, sufren daños por actuaciones indebidas del Estado. Las entidades públicas tienen la obligación de actuar con diligencia, justicia y proporcionalidad.
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