En Colombia, la Sentencia T-350 de 2025 marca un precedente clave en la protección de los derechos de los menores en procesos judiciales de regulación de visitas. Esta decisión de la Corte Constitucional subraya la importancia de escuchar y tener en cuenta las opiniones de los niños y niñas cuando se toman decisiones que impactan directamente su entorno emocional y social.
Participación activa del menor en decisiones judiciales
El caso abordado por la Corte se originó por la acción de tutela presentada directamente por una menor de edad, quien alegó no haber sido escuchada en el proceso judicial que estableció un régimen de visitas con su padre biológico. La Corte encontró que el Juzgado incurrió en defectos fácticos y sustantivos al aprobar un acuerdo conciliatorio sin verificar si este realmente respondía al interés superior de la menor.
Esta omisión vulneró el derecho fundamental de la niña a participar activamente en decisiones que afectan su vida personal y emocional. La Corte recordó que el principio del interés superior del menor obliga a las autoridades a garantizar su participación efectiva, según su edad y madurez.
El enfoque de curso de vida: una herramienta necesaria
La Corte Constitucional resaltó la necesidad de aplicar el enfoque de curso de vida en los procesos de familia. Este enfoque permite analizar cómo las decisiones judiciales impactan a los menores a mediano y largo plazo, considerando sus trayectorias personales, sociales y familiares. En este caso, no se tuvieron en cuenta las afectaciones emocionales de la niña, ni se valoraron adecuadamente las pruebas psicológicas presentadas.
La prevalencia del bienestar emocional de los niños
La decisión también enfatiza que el derecho de los padres a visitar a sus hijos no puede estar por encima del bienestar emocional de los menores. Cuando los vínculos afectivos están rotos o debilitados, las visitas forzadas pueden causar más daño que beneficio. Por ello, el juez debe evaluar si existe un entorno familiar seguro y si las visitas pueden contribuir al desarrollo integral del menor.
La acción de tutela como herramienta de protección
El caso demuestra que incluso los menores pueden recurrir a la acción de tutela para exigir sus derechos. En esta ocasión, la voz de la niña fue determinante para que la Corte protegiera su derecho al debido proceso y revocara la decisión judicial que impuso un régimen de visitas sin su consentimiento.
La Sentencia T-350 de 2025 es un llamado a jueces, abogados y familias en Colombia a priorizar los derechos de los niños y adolescentes. Escuchar su voz, aplicar un enfoque de curso de vida y garantizar decisiones que realmente busquen su bienestar, son pilares esenciales en cualquier proceso judicial que los involucre.
En INTEGRITY LEGAL, somos abogados en Colombia y en Miami, comprometidos con la protección integral de los derechos de los menores y con una justicia que respete su voz y dignidad.
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