El reciente Decreto 0799 del 9 de julio de 2025 modificó de manera significativa el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, que regula la forma en que se reparten las acciones de tutela en Colombia. Esta modificación tiene implicaciones relevantes para los ciudadanos, abogados litigantes y operadores judiciales que tramitan tutelas contra autoridades nacionales, incluyendo al Presidente de la República.
¿Qué dice ahora la nueva norma?
Desde ahora, las tutelas interpuestas contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional —incluidas las relacionadas con la seguridad nacional, erradicación de cultivos ilícitos y las actuaciones del Presidente— deberán ser conocidas en primera instancia por los Jueces del Circuito o de igual categoría. Esta nueva regla deroga la norma anterior que asignaba estas acciones al Consejo de Estado.
¿Por qué es importante este cambio?
El decreto tiene como objetivo reforzar el principio de desconcentración judicial, permitiendo una distribución más equitativa y eficiente de las tutelas en el país. Además, busca evitar conflictos de imparcialidad al impedir que una misma corporación judicial actúe primero en tutela y luego como juez de legalidad sobre los actos del Ejecutivo, lo cual podría derivar en causales de impedimento.
Garantías constitucionales intactas
A pesar del cambio en el reparto, el derecho fundamental a la acción de tutela se mantiene intacto: cualquier persona puede interponerla en cualquier momento y lugar, según el artículo 86 de la Constitución. Esta redistribución no limita el acceso a la justicia, sino que lo organiza mejor dentro de los jueces competentes.
Relevancia para el ejercicio profesional
Para los abogados en Colombia, esta modificación exige ajustar las estrategias de litigio en tutela, teniendo en cuenta que ya no será posible acudir directamente al Consejo de Estado en ciertos casos. En su lugar, deberán acudir a los jueces del circuito, dependiendo del tipo de autoridad nacional involucrada.
El Decreto 0799 de 2025 fortalece la estructura judicial colombiana al implementar una regla de reparto más coherente, justa y eficiente para el tratamiento de las acciones de tutela. Este cambio promueve un acceso más equitativo a la justicia y mayor transparencia en la revisión de decisiones gubernamentales.
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