A partir del 1 de julio de 2025, las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia deberán aplicar una nueva estructura tarifaria mínima, conforme a la Resolución 20251000059517CS expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Esta actualización responde a las reformas laborales recientes y busca garantizar una remuneración justa para los trabajadores del sector.
Contexto normativo
La resolución se fundamenta en el artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994, que exige que las tarifas permitan cubrir como mínimo el salario legal vigente, prestaciones sociales, recargos nocturnos y dominicales, y otros costos operativos. Además, se ajusta a la Ley 2101 de 2021, que redujo la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales, y a la Ley 2466 de 2025, que elevó los porcentajes de recargo en días festivos y extendió el horario nocturno.
Nuevas tarifas mínimas por modalidad
Las tarifas se aplican para turnos de 24 horas, 30 días al mes, y varían según el tipo de empresa:
1. Empresas armadas con medio humano:
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Desde 9,24 SMMLV el 1 de julio de 2025 hasta 10,38 SMMLV el 1 de julio de 2027.
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Se adiciona un 10% por administración y supervisión.
2. Empresas sin armas con medio humano:
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Las mismas tarifas de incremento progresivo (9,24 a 10,38 SMMLV).
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Se adiciona un 8% por administración y supervisión.
3. Empresas sin armas con medio humano y canino:
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Tarifas también de 9,24 a 10,38 SMMLV.
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Se adiciona un 11% por administración y supervisión.
4. Sector residencial estratos 4, 5 y 6:
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Tarifas iguales a las anteriores.
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Se aplica un 10% adicional por administración y supervisión.
Implementación gradual y legalidad
La implementación será gradual entre 2025 y 2027, conforme a los cambios laborales y a las circulares que emitirá la Superintendencia. Esta medida también refuerza la formalización del empleo en el sector, donde trabajan mujeres y personas con discapacidad.
Recomendaciones para empresas del sector
Es fundamental que las empresas revisen sus contratos actuales y ajusten sus modelos de costos para cumplir con las nuevas tarifas mínimas. Incumplir estas disposiciones puede generar sanciones legales y comprometer la sostenibilidad de los servicios prestados.
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Jimmy Jiménez
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