La violencia intrafamiliar agravada es un delito contemplado en el artículo 229 del Código Penal Colombiano, que protege la unidad familiar y sanciona el maltrato físico o psicológico dentro de este núcleo. La agravación se presenta cuando la conducta recae sobre personas vulnerables como mujeres, menores, personas mayores o en estado de indefensión.
En el caso analizado por la Corte Suprema de Justicia (SP108-2025), se discutió la absolución de Brayan Steven Murcia Velásquez, quien fue inicialmente condenado por violentar a su excompañera permanente, Astrid Liliana Lagos Torres, en un contexto de celos, maltrato físico y amenazas.
La importancia de la perspectiva de género
El fallo resalta la necesidad de aplicar un enfoque de género en el ámbito penal para:
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Analizar relaciones desiguales de poder.
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Evitar la revictimización de las mujeres.
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Reconocer que la violencia no siempre se expresa de manera física inmediata.
La Sala recalcó que la violencia sistemática y la intimidación pueden viciar la voluntad de la víctima, quien en este caso decidió no declarar por miedo y presión.
Pruebas de referencia y contexto de violencia
A pesar de la falta de testimonio directo de la víctima durante el juicio, la Corte determinó que:
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Las pruebas de referencia son admisibles cuando la víctima está imposibilitada de declarar libremente debido al temor y las secuelas de la violencia.
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Las declaraciones previas, amenazas recibidas y testimonios de familiares demostraron un patrón de violencia sistemática y sometimiento.
Violencia institucional y obligaciones del Estado
El tribunal también abordó la violencia institucional, que ocurre cuando las autoridades no investigan adecuadamente los casos o desestiman la gravedad del maltrato por prejuicios.
En este sentido, el Estado colombiano está obligado a:
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Erradicar toda forma de violencia contra la mujer.
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Garantizar el acceso efectivo a la justicia.
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Visibilizar patrones de subordinación y eliminar estereotipos de género.
Este caso es un claro ejemplo de la evolución jurisprudencial en Colombia para proteger a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. La Corte Suprema enfatizó que la perspectiva de género debe permear todo el proceso penal para asegurar justicia real y efectiva.
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